POR LUIS RAMÍREZ GARCÍA *
Su importancia radica en que revelan en mucho la forma de operar de algunas redes criminales en el país y su grado de conexión con sectores políticos, económicos y del sector seguridad.
Se trata de procesos muy distintos entre sí, pero que han acaparado la atención de la opinión pública: los casos de Alfonso Portillo, Alejandro Giammattei y el de los implicados en el asesinato del ex asesor de Gobernación Víctor Rivera.
DESFALCO DE Q120 MILLONES
El caso Portillo tiene relación con procesos en el extranjero que reclaman su extradición por lavado de dinero. La acusación sobre la sustracción de Q120 millones de las arcas del Ejército, involucra toda una red de operadores que incluye a su ministro de finanzas, Manuel Maza Castellanos; a su ministro de la defensa, Eduardo Arévalo Lacs, militares, ex militares y el apoyo incondicional de la gerencia del Crédito Hipotecario Nacional, quienes trasladaron fondos a cuentas de particulares.
A estos elementos, debemos agregar la muerte de Juan José De León Pineda, subjefe de la Dirección Financiera del Ejército, quien retiró los Q120 millones en efectivo del Banco de Guatemala.
Su muerte se dio en extrañas circunstancias luego de su declaración por estos hechos ante el Ministerio Público, en el 2005.
Las facilidades que ofrece el manejo discrecional de fondos en el Ejército y el amparo del secreto militar facilitaron la sustracción y el traslado del dinero a cuentas particulares.
La exculpación de Alfonso Portillo y de los ex ministros que realizaron las juezas vocales del tribunal contrasta radicalmente con el voto razonado de la presidenta de este, Morelia Ríos.
El veredicto tuvo como fundamento los peritajes sobre la ejecución presupuestaria del Ejército, en el sentido de que nunca comprobaron el destino de los fondos en cuestión.
Las vocales tampoco le dieron validez a los testimonios de Llort Quiteño y Salomón Molina, responsables del Crédito Hipotecario Nacional y nombrados con el respaldo del propio presidente Portillo, quienes fueron congruentes al manifestar el ofrecimiento del mandatario de darles cerca de Q30 millones para cubrir sobregiros de cuentas.
Su testimonio, según las señoras juezas, no tiene relación con la sustracción del dinero del Ejército, y además por su falta de credibilidad, debido a su conducción de vida.
En resumen, en su resolución las juezas separan los depósitos sin fundamento en el Crédito Hipotecario Nacional y el faltante de Q120 millones en el Ejército, y agregan que los acusados no tenían el deber de control sobre el destino de los fondos.
Por el contrario, la jueza Morelia Ríos, en su voto razonado, les da validez a estos medios de prueba, por considerar que la falta de comprobantes contables, el desorden en las cuentas y la existencia de facturas que justifican varias erogaciones ya son elementos que comprueban la sustracción del dinero.
A los testigos Llort y Molina también les da validez, pues sus declaraciones son congruentes con el tiempo de la sustracción del dinero y los depósitos a cuentas de particulares; además su testimonio les perjudica, ya que los involucra en la sustracción del dinero.
A los elementos de prueba anterior la jueza Morelia Ríos incluye la declaración de Rosa Ruiz de López, subalterna del fallecido Juan José De León Pineda en el departamento financiero del Ejército, quien manifestó que los Q120 millones nunca ingresaron a las cajas de esa institución.
La congruencia con que la jueza Ríos expone sus valoraciones permite deducir la correlación que existe entre la emisión del acuerdo gubernativo del traslado de fondos, la sospechosa rapidez con que es resuelto por los ministros de Finanzas y Defensa el trámite administrativo, el retiro en efectivo de Q120 millones, el caos en los registros contables del Ejército, la muerte de Juan José De León, el depósito en cuentas particulares en el Crédito Hipotecario Nacional y, por supuesto, el lavado de dinero en el extranjero.
CASO GIAMMATTEI
Otro caso que tuvo un giro decisivo esta semana es el de Alejandro Giammattei, en el cual llama la atención la forma en que su participación en la muerte de siete reos en la operación Pavo Real ha sido diluida.
Como director del Sistema Penitenciario tenía la responsabilidad de lo que pasaba en el penal durante el proceso de “retomar” el control de la cárcel. En principio se benefició con la eliminación del cargo de ejecución extrajudicial, y esta semana, del de asociación ilícita.
Existen fotografía en donde aparece Giammattei, con el cielo todavía obscuro, portando un arma en el pecho junto a otros implicados, lo cual evidencia su presencia en el lugar de los hechos. También existen algunas fotografías en internet en donde, al menos a mi persona, me da la impresión de que un reo aparece en principio detenido por la Policía, y luego muerto en una casa de habitación del penal.
Cualquier mortal con sano juicio puede concluir que esta evidencia es contundente: un hombre desarmado fue muerto a balazos dentro del penal por las fuerzas de seguridad.
HALLADOS CULPABLES
Un tinte distinto refleja el caso de Víctor Rivera, ya que la mayoría de los procesados fueron condenados por asesinato, obstrucción a la justicia y portación ilegal de armas. Días antes de su asesinato, Rivera fue despedido por el presidente Álvaro Colom, y se había publicado una entrevista, en donde hacía alarde de su honestidad y compromiso contra la delincuencia.
El respaldo de un sector económico y político de élite le permitió sobrevivir a tres gobiernos consecutivos vinculado a las fuerzas de seguridad para el tema de secuestros de grandes empresarios.
Durante la gestión de Carlos Vielman como ministro de Gobernación, Rivera ocupó un puesto dentro de la policía como comisario. Su responsabilidad era manejar un equipo élite para casos “especiales” y fue criticado por su forma de proceder en las investigaciones, tanto en El Salvador como en Guatemala.
Según la Cicig, tenía vinculación con un sector de la mafia, la cual lo asesinó por ajuste de cuentas. Existen denuncias sobre la manipulación que hicieron funcionarios del Ministerio Público sobre la escena del crimen para desviar la investigación.
