Treinta y dos militares participaron en el desfalco de al menos Q906 millones transferidos de varios ministerios al Ejército, durante el gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004), según una investigación de la Fiscalía Especial para la Cicig.
Este caso es una ampliación del proceso que se sigue contra el ex presidente Portillo y sus ministros, de Defensa, Eduardo Arévalo Lacs, y de Finanzas, Manuel Hiram Maza, sindicados por el saqueo de Q120 millones durante el 2001, cantidad que formaría parte de los Q906 millones saqueados durante los cuatro años de ese régimen.
La nueva etapa pretende llevar a 32 militares ante la justicia, pues se tiene evidencia de que colaboraron en el desfalco de aquel dinero, y las conclusiones de las investigaciones reflejan que la institución castrense fue el medio que la administración del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) utilizó para saquear al Estado.
Las acciones judiciales están dirigidas a ex ministros, ex jefes del Departamento de Finanzas, personal de la División del Presupuesto, de Contabilidad, entre otros funcionarios, quienes hicieron una serie de gastos basados en el secreto militar.
El proceso seguido contra los militares se inició en el 2004, cuando el juez Víctor Hugo Herrera Ríos ordenó al Ministerio de la Defensa que entregara a la Contraloría General de Cuentas (CGC) los archivos secretos, pero esa cartera se opuso, por lo que se ordenó el decomiso de los documentos.
Los contralores, luego de haber analizado siete carpetas de documentos, determinaron que no existían expedientes que respaldaran esos gastos, ni mucho menos acciones que demostraran que eran archivos secretos.
Los sindicados pretendieron frenar la acción, pero en el 2005 la Corte de Constitucionalidad avaló la continuidad de las pesquisas.
Comienza con auditoría
El proceso partió de una auditoría efectuada por la CGC, en la cual se establece que entre los responsables del manejo de fondos figuran los ex ministros Juan de Dios Estrada Velásquez, Eduardo Arévalo Lacs, Álvaro Lionel Méndez Estrada y Robin Macloni Morán.
También están involucrados jefes del Departamento de Finanzas del Ejército, entre ellos Enrique Ríos Sosa, Sergio Hugo Cárdenas, Luis Alberto Gómez Guillermo y otros que ocuparon puestos en la división presupuestaria y de contabilidad, entre otras oficinas.
El saqueo comenzó con transferencias que el entonces presidente Portillo autorizó de varios ministerios a Defensa, a pesar de estar en tiempos de paz.
Solo durante su administración, Portillo emitió 16 acuerdos gubernativos para trasladar fondos de los ministerios de Educación, Salud y Gobernación a la institución castrense.
Gastos sin control
Durante los cuatro años del gobierno del FRG, la institución armada recibió Q5 mil 272.8 millones, de los cuales la CGC estableció la erogación de Q906 millones, que solamente están justificados por certificaciones amparadas en el artículo 30 de la Constitución Política, denominadas partidas secretas.
Según las pesquisas, del 2001 al 2003 se asentaron 209 certificaciones, amparadas en la figura de la secretividad, pero la Contraloría no encontró documentos de soporte.
Se han identificado dos estrategias usadas para el desfalco: varios militares cobraban los cheques emitidos por el Ejército y les entregaban el efectivo a sus jefes superiores. Los cheques también eran depositados en cuentas de familiares y amigos de militares.
Las investigaciones evidencian que este método solo sirvió para “sustraer el dinero, pero los informes contables, relatos y cheques establecen la ruta y a dónde fue a parar”, según la Fiscalía.
“Se determinó que los archivos secretos resultaron ser compras de llantas, telas y máquinas tortilleras, y estaban amparados por fotocopias de facturas”, explican los investigadores.
